Ya hay fecha para la Consulta en Contra de las Corridas de Toros en Bogotá

Según la Administración Distrital, 1,8 millones de habitantes deben comparecer a las urnas para que la consulta sea válida. Costaría $35 mil millones.

Luego de que la Corte Constitucional revivió la consulta antitaurina en Bogotá, este viernes la Alcaldía Mayor reveló que será el 13 de agosto el día en que los ciudadanos acudirán a las urnas para expresar si están de acuerdo o no con que continúe esta práctica en la ciudad.

La pregunta que tendrá el tarjetón será: ¿Está usted de acuerdo con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá, Distrito Capital? Los ciudadanos podrán marcar entre las opciones sí, no o votar en blanco.

De acuerdo con el secretario de Gobierno de la capital, Miguel Uribe, los recursos para financiar la consulta –alrededor de $35 mil millones, según la Registraduría Nacional– serán solicitados al Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Hacienda. La labor del Distrito, dijo el funcionario, será entonces de orden logístico.

“La Alcaldía no considera apropiado que hayan corridas de toros en Bogotá y el alcalde Enrique Peñalosa apoyará abiertamente el rechazo a las corridas en la Santamaría”, aseguró Uribe, quien manifestó que cerca de 1,8 millones de habitantes deben comparecer a las urnas para que la consulta sea válida.

En septiembre de 2015, el Consejo de Estado suspendió la consulta popular que había convocado el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para preguntarles a los ciudadanos de la capital cuál era su posición frente a las corridas de toros. Se trató de un fallo que despertó la indignación de quienes están en contra de la fiesta brava. El propio exalcalde dijo en ese entonces que el alto tribunal iba en contra de los avances de la Corte Constitucional.

Al revivir la consulta antitaurina, la Corte tuvo en cuenta dos argumentos. Primero, que la consulta popular es un mecanismo político “por el cual los ciudadanos pueden expresar su sentir sobre el tema e influenciar las decisiones que se tomen en el legislativo”. Segundo, puede “otorgar una pauta para las actuaciones de la administración en el ámbito local”.

En febrero pasado, el alto tribunal le dio un plazo al Congreso de la República para expedir una nueva legislación sobre tauromaquia en el país.

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