Un muerto por linchamiento cada tres días en Bogotá

La justicia por mano propia se salió de cauce. El último caso conocido ocurrió hace una semana en la localidad de Kennedy, donde la policía rescató a dos supuestos ladrones que estaban a punto de ser linchados. La furia de la gente llegó a tal punto que atacaron a los uniformados por intervenir. La escena de turbas agrediendo (incluso hasta la muerte) a presuntos delincuentes parece cotidiana. Las cifras son contundentes: entre junio de 2014 y el mismo mes de 2015, al menos 140 personas murieron linchadas en Bogotá y la policía salvó a 600 más de correr la misma suerte.

A pesar del grave problema que esbozan esos números, ni las instituciones estatales ni la academia habían fijado sus esfuerzos en analizar este fenómeno. Así fue hasta hace poco más de un año, cuando el grupo de investigación Eilusos, del departamento de Sociología de la Universidad Nacional, se propuso llenar ese vacío. Empezaron por cuantificar las víctimas mortales, revisando medios de comunicación y cruzando bases de datos oficiales, y dieron con la alarmante cifra. Más que juzgar el fenómeno, decidieron entenderlo, determinar sus causas de fondo y proponer soluciones. El estudio, el primero que se hace con rigor sobre los linchamientos en Colombia, abre la discusión alrededor de un tema que poco tocaba la academia.

El 71% de los colombianos rechazan la justicia por mano propia, según el Latinobarómetro (2014). A la luz de esa cifra, Colombia es uno de los diez países en la región donde se repudian con mayor contundencia prácticas como los linchamientos. Sin embargo, la brecha entre esa percepción y la realidad es amplia. ¿Las razones?

La desconfianza de las personas en las autoridades policiales y judiciales se ha convertido en la causa evidente a la que se le asigna el ejercicio de la justicia por mano propia. Un dato que respalda la afirmación es que solo en los seis primeros meses de 2015, la Policía reportó 6.000 arrestos ciudadanos. “En el imaginario colectivo, ni la Policía ni el Ejército son efectivos”, dice el estudio. Y continúa sosteniendo que esa percepción proviene, en parte, de que las autoridades se ocupan de los peces gordos, las organizaciones criminales y la insurgencia, y ante los pequeños crímenes, como los robos simples (que junto a los abusos sexuales son los principales detonantes de los linchamientos), la ciudadanía está desprotegida. En ese desamparo la gente encuentra un pretexto para hacer justicia por su cuenta.

Pero el análisis de Eilusos va más allá de estas razones que parecen evidentes. “En ausencia de la subversión, se ve en el delincuente alguien que llena el vacío del enemigo interno”, se lee en el estudio. En ese sentido, los linchamientos estarían potenciados por prácticas de guerra que en medio del conflicto colombiano habían tenido lugar en el campo y que empiezan a encontrar espacio en las ciudades.

Así, a diferencia de países como Perú y Bolivia, en Colombia, con ese contexto contrainsurgente del conflicto armado, los linchamientos no se presentan como una práctica que busca sustituir las funciones que el Estado no cumple, sino que existe una relación, casi que una intención de cooperación entre ese Estado y la sociedad “para mantener un orden”.

Esos vacíos que ha dejado el Estado para proveer tranquilidad a los ciudadanos, sostiene el informe, han sido copados por grupos de seguridad privada, muchas veces ilegales, que se asumen como defensores de la propiedad privada, “que a similitud, pero a diferente escala con el paramilitarismo, buscan colaborar con la actuación legal de la sociedad”.

Como ejemplo de esas líneas paralelas que el estudio encuentra entre las autodefensas en medio del conflicto y quienes ejercen la justicia por mano propia en la ciudad, el informe plantea que una de las estrategias paramilitares para justificar su violencia es la eliminación del carácter político de los guerrilleros, por ejemplo, para presentarlos solo como criminales. Asimismo, los linchamientos serían ejercidos como una especie de “autodefensa comunitaria”, en la que al presunto delincuente se le deshumaniza, se le hace culpable del mismo linchamiento, para justificar el crimen colectivo. El eslogan de la turba es: “el ladrón obtiene lo que se merece”.

“En los linchamientos, la defensa de la sagrada propiedad privada tiene más importancia que la defensa de la vida”, señala el profesor Rosembert Ariza, quien dirige el estudio, que también cuestiona que esa aparente cohesión social que hay en los linchamientos, no se manifieste en reclamaciones políticas o sociales más profundas al Estado.

Así, el linchamiento sería una descarga de odios acumulados por conflictos individuales y que, como el paramilitarismo en el conflicto armado, encuentran un pretexto, mas no una causa, bajo las banderas de acciones heroicas. El linchado se convierte en un chivo expiatorio para liberar tensiones acumuladas individualmente. Ese desplazamiento de dinámicas de guerra a las ciudades que esbozan los investigadores abre una arista de debate sobre lo que pueda pasar en los procesos de reinserción de guerrilleros, tras la firma de un acuerdo de paz en La Habana.

Eilusos también sostiene que la lógica del linchamiento ha derivado en la creación de categorías como el “linchable” o la “rata”. Es decir, una persona que en apariencia es de un origen social humilde, incluso un habitante de calle. El profesor Ariza y sus alumnos se cuestionan el hecho de que, según lo han observado, cuando el presunto delincuente está “bien vestido” o parece de una posición social acomodada, la violencia de la turba se calma y el linchamiento se frustra.

Además, sostienen, se ha establecido el rótulo de “pro rata” para quien se opone a esa práctica. El grupo ha evidenciado a través de los videos de linchamientos que abundan en internet, que siempre hay personas que manifiestan su desacuerdo con la agresión y que hacen llamados a la multitud para que, por ejemplo, dejen que sean las autoridades las que actúen.

Y tanto en los comentarios de los videos como en los mismos hechos, el “pro rata” se vuelve objetivo de los ataques y la furia colectiva. En ese punto, los investigadores, ven otra coincidencia con la lógica paramilitar, en la que no solo el “enemigo directo” es un objetivo: “incluso los no combatientes son enemigos (…) por su potencia como agente con objetivos que difieren de los que defienden las fuerzas contrainsurgentes”. ¿Empezarán a linchar ahora a los “pro ratas”?, se pregunta el estudio.

Esas radicalizaciones y categorías impiden que la gente reflexione con profundidad y calma sobre el linchamiento. La apertura de un camino para esa reflexión es precisamente a lo que le apunta el grupo Eilusos. Esta es apenas una primera aproximación al linchamiento en Bogotá, un fenómeno alarmante que no puede seguir pasando desapercibido.

Razones detrás de los linchamientos

Tras un análisis que hizo en 2015, la Fundación Paz y Reconciliación sobre los linchamientos hallaron cuatro razones. Según Ariel Ávila, de la entidad, estas son las razones:

1. La gente lo hace, porque no hay respuesta institucional eficiente. Como no siente que las autoridades siempre acuden tarde al llamado de la comunidad, creen que pueden tomarse la justicia por sus manos.

2. Perciben que hay impunidad. El ladrón roba, queda libre, roba y queda libre. Y en los casos donde hay respuesta institucional, la justicia tampoco es eficiente. La gente percibe eso como corrupción e impunidad. Sin embargo, se les debe aclarar que si no denuncian, es factible que el ladrón quede libre.

3. Los linchamientos ocurren en zonas muy azotadas por la delincuencia. Ocurren tantos robos que se cansan y acuden a estas prácticas.

4. La mayoría de los casos de linchamiento, la justicia no castiga a nadie. Le pegan al ladrón y ninguna autoridad investiga a los agresores. Al final, los que linchan se siente con la autoridad de seguirlo haciendo.

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