Gobierno busca proteger temporalmente 57 nuevas áreas
Minambiente anunció su intención de blindar contra la minería más 3 millones de hectáreas en el país. El proceso, sin embargo, no estará exento de discusiones. Pobladores y 395 títulos concedidos son algunos de los peros con los que tendrá que lidiar.
Esta semana el Ministerio de Ambiente, en compañía del presidente Santos, dio a conocer la que para algunos puede ser una de las noticias ambientales más trascendentales del año: la protección de 57 áreas de alta importancia ecosistémica para el país, repartidas en 15 departamentos y que suman alrededor de 1’450.000 hectáreas, las cuales quedarán blindadas contra la minería.
Con esta decisión ya serían poco más de tres millones de hectáreas en las que se prohíbe la entrada de esta actividad. Hace un mes esa misma cartera, junto con Parques Nacionales Naturales, había anunciado la protección de seis grandes áreas con el propósito de convertirlas en parques en los próximos dos años. La serranía de San Lucas, ubicada entre el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño y esencial para la supervivencia del jaguar, fue uno de los aciertos más celebrados.
En esta ocasión el Minambiente se valió de la figura de reserva temporal para ponerle freno a la minería en esos 57 sitios, cuya área sumada equivale a la del departamento de Santander. En otras palabras, durante los próximos dos años nadie puede pedir títulos mineros en estas zonas y las solicitudes que venían en marcha deberán ser detenidas. Como lo cuenta María Claudia García, directora de Bosques del ministerio, 324 de esas solicitudes, que representaban 159.137 hectáreas, ya estaban en marcha.
Sin embargo, la declaración definitiva de estos lugares como parte de las áreas protegidas regionales implica un trabajo complejo que no estará exento de polémicas y de discusiones y que puede tardar mucho más tiempo de lo esperado. Hoy, por ejemplo, hay 395 títulos otorgados, algunos en fase exploración, otros en fase de explotación. Llegar a un acuerdo con sus dueños será una tarea que en este caso deberán asumir 16 corporaciones autónomas regionales (CAR).
“Varias de estas CAR ya tienen adelantado el proceso de declaratoria de área protegida. Pero, claro, no se trata sólo de una caracterización física, sino que se deben involucrar actores sociales que tienen diferentes intereses. Tiene que haber un acuerdo social”, comenta García.
Además de esos líos, estas entidades deberán solucionar uno de los problemas más frecuentes que enfrenta el sistema de parques: la colonización por comunidades que desde hace un buen tiempo acogieron parte de estas áreas como sus nuevas viviendas.
“Frente a todos estos factores se deben lograr acuerdos regionales. El propósito es declararlos antes de dos años, que es cuando se termina el período de este Gobierno”.
Entre las varias regiones que se protegieron hay algunas de especial atención. Los humedales de Antioquia, por ejemplo, que están pegados a la serranía de San Lucas, han padecido por años la explotación ilegal de oro. Por culpa de ésta y de la ganadería extensiva, principalmente, buena parte de los 59 parques nacionales tienen una alta tasa de deforestación. Hoy suma 561.202 hectáreas.