“El acceso a la educación no está condicionado al carné de vacunación”
La ministra de Educación, María Victoria Angulo, en entrevista explica que se han destinado más de $1.2 billones para adecuar los colegios y contar con los elementos de bioseguridad.
También aclara que no se exigirá el carné de vacunación ni a los niños ni a los maestros para el retorno a clases y que instalarán algunos puntos de vacunación en las instituciones.
En este proceso de retorno a las aulas, el gobierno ha invertido más de $1,2 billones que han sido destinados para “adecuar los espacios físicos como entornos seguros y contar con los elementos de protección personal de toda la comunidad educativa”, señala María Victoria Angulo, ministra de Educación. Y aunque el plan está diseñado para que cerca de siete millones de niños, niñas y adolescentes vuelvan a clase de forma presencial, hay un 2% que no lo hará por problemas de infraestructura. En entrevista, Angulo cuenta algunos detalles de este proceso.
¿Cuál es el calendario académico de este 2022?
Los calendarios académicos fueron diseñados por las 96 Secretarías de educación. El 17 de enero se dio inicio a clases presenciales en los departamentos de Antioquia, Chocó, Guaviare y San Andrés y Providencia y en las ciudades de Bucaramanga, Buenaventura, Cartago, Envigado, Floridablanca, Itagüí, Lorica, Medellín, Piedecuesta, Quibdó, Rionegro y Sabaneta. Y la semana del 24 de enero retoman actividades académicas otras 40 entidades ubicadas en 16 departamentos: Arauca, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca.
El 31 de enero se sumará al inicio de clases otros 10 departamentos y para culminar el proceso en la primera semana de febrero entran las instituciones de los departamentos de La Guajira y Vichada.
¿Cómo es la comunicación con las secretarias para manejar este regreso a clases? ¿Cuál es el protocolo establecido en caso de que se presente un brote de contagio?
El Ministerio de Educación mantiene un diálogo permanente con todas las Secretarías de Educación, además de múltiples espacios de trabajo, asistencia técnica y acompañamiento en la gestión territorial. El 13 y 14 de enero se sostuvo un encuentro de Secretarios de Educación de todo el país y los ministerios de Salud y de Educación brindaron orientaciones y atendieron inquietudes sobre el pleno retorno a las clases presenciales desde el inicio del calendario escolar. Destaco que desde 2020 venimos implementando un esquema de trabajo con las autoridades territoriales que nos permite tener información del proceso en tiempo real. También existe un diálogo y coordinación constante entre las secretarías y los rectores, maestros y familias. Este proceso ha sido fundamental para dar a conocer las condiciones de bioseguridad y haber alcanzado desde el segundo semestre del año 2021 un proceso de retorno seguro a las aulas de clase.
Sobre el manejo de los casos sospechosos o confirmados de Covid-19 en las instituciones educativas, el protocolo es coordinado en conjunto con las secretarías de salud de los departamentos y municipios y basados en las condiciones específicas de cada situación implementan las orientaciones de aislamiento o atención que ha señalado el Ministerio de Salud.
¿Qué pasa si una institución empieza a exigir la obligatoriedad del carné? ¿Habrá sanciones?
Las autoridades educativas del nivel territorial están llamadas a disponer de las acciones necesarias para asegurar el acceso regular y sin restricciones a la educación, incluyendo a quienes por decisión de sus familias o cuidadores aún no se han vacunado. En Colombia la educación es un servicio público esencial que cumple una función social y en el caso de los niños, niñas y adolescentes, además se trata de un derecho fundamental cuyo ejercicio no puede restringirse o sujetarse al carné de vacunación.
¿Qué pasa si un padre no quiere enviar a su hijo o su hija al colegio? ¿Y si un maestro no quiere ir a dictar clases presenciales?
La prestación del servicio educativo materializa el derecho a la educación y está definido en el país como un servicio público que tiene una función social y cuya prestación de forma presencial es esencial para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. En el caso de los maestros del sector educativo oficial, su vinculación como servidores públicos el no cumplimiento de sus deberes como maestros en las aulas de clase puede implicar desde procesos disciplinarios o administrativos hasta el no pago de salario por los días no laborados, tal como lo señala la Circular 017 de 2021 de conformidad con los Decretos 1844 de 2007 y 1647 de 1967.