55 % de empresarios apoyaría proceso de paz así no se firme este año

Una encuesta, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá a 1.321 propietarios o altos gerentes de empresas ubicadas en la capital, develó las expectativas que estos tienen frente a los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc.

La revelación del sondeo es que el 64 por ciento de ellos estima que el proceso de construcción de paz puede tardar entre 2 y 10 años, a la vez que el 12 por ciento sostiene que el periodo de consolidación se tardaría entre 11 y 20 años.

Un ítem que permite apreciar el nivel de paciencia de este grupo de empresarios señala que el 55 por ciento seguiría apoyando los diálogos, a pesar de que no se alcance a firmar un acuerdo definitivo en el 2015. De esa porción, el 65 por ciento estaría dispuesto a esperar lo que fuera necesario; el 12 por ciento aguantaría hasta el 2018, y el 23 por ciento lo hará máximo hasta el 2016.

El estudio fue desarrollado por Estadística y Análisis Ltda., entre abril y mayo, y arroja una confiabilidad del 95 por ciento.

En cuanto a sensaciones desfavorables, por desconocimiento de lo que se acuerda en los diálogos de paz que se adelantan en La Habana, los empresarios bogotanos confían menos en el futuro de las negociaciones.

Las cifras halladas muestran que el 65 por ciento de altos directivos empresariales no conoce cuáles son los acuerdos que se han alcanzado en el proceso de paz con las Farc, solo el 12 por ciento cree que el Gobierno ha hecho una buena difusión de las negociaciones y el 82 por ciento no sabe cuáles son los planes de resocialización para excombatientes.

Así mismo, el 53 por ciento de los empresarios consultados no apoya los diálogos con la guerrilla. Esta proporción negativa aumentó 8 puntos frente al sondeo de 2014 (1.328 consultados), cuando se ubicó en 45 por ciento.

Mónica de Greiff, presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, afirmó que “esta cifra creció en relación con el año pasado, principalmente por la desconfianza y el desconocimiento frente al proceso”.

De Greiff dijo que una de las razones para la posición negativa podría ser que la muestra se tomó días después de que las Farc asesinaran a 10 militares en Buenos Aires (Cauca), el 15 de abril pasado, pero también a que “falta pedagogía sobre lo establecido en el proceso”.

Entre los líderes empresariales que respaldan el proceso, un 44 por ciento dijo que lo hace porque “desea alcanzar la paz para el país”. Entre los que no lo apoyan, su argumento más recurrente, en un 41 por ciento, es la desconfianza, seguido del 23 por ciento de aquellos que sostienen que “con delincuentes no se negocia”.

Sobre los beneficios que traería para el país firmar un acuerdo para el fin del conflicto armado, este sector empresarial cree, en un 80 por ciento, que se aumentaría la inversión extranjera, y en un 66 por ciento, que se aceleraría el crecimiento económico.

Entre los principales desafíos resaltan que el acuerdo permita realizar reformas estructurales en vías, educación y eliminación de la pobreza, con un 40 por ciento. La seguridad y las funciones que tendrían los desmovilizados de las Farc en el posconflicto también son para los empresarios un reto, pues el 47 por ciento cree que el principal reto es que los excombatientes puedan hacer política para exponer sus ideas. Entre tanto, el 44 por ciento opina que sería garantizar la seguridad de quienes dejen las armas.

Una de las cifras preocupantes de la encuesta es que solo el 9 por ciento de las empresas consultadas tiene proyectos de construcción de paz. En 2014, quienes tenían alguno sumaban el 11. Es decir, hubo un descenso de 2 por ciento en este indicador. Sin embargo, cabe reseñar que el 80 por ciento asegura que en un futuro sí participaría en la reintegración de exguerrilleros.

Uno de los interrogantes indagó si, aparte de la carga tributaria normal, los consultados estarían dispuestos a apoyar un fondo para la construcción de paz: el 9 por ciento nunca lo haría, el 43 por ciento lo contempla como algo probable, el 44 por ciento está seguro de que aportaría y el 4 por ciento ya lo hace.

Justicia transicional

Al preguntárseles por justicia transicional, el 63 por ciento cree que el secretariado de las Farc debe ir a prisión y solo el 3 por ciento considera que su sanción podría ser trabajar en colonias agrícolas. Esa opinión cambia sobre los combatientes de bajo rango, pues solo el 27 por ciento cree que deben ir a la cárcel, mientras que el 25 por ciento plantea que pueden pagar con trabajo social en zonas de posconflicto y el 20 por ciento, con trabajo en zonas agrícolas.

El 37 por ciento de los que creen que los máximos jefes deben ir a prisión asegura que el tiempo de la pena no importa, siempre y cuando la cumplan en prisión, mientras que el 31 por ciento considera que se les debería aplicar la máxima condena. Para el 14 por ciento, una pena justa podría ser de no menos de 5 años.

A propósito, el documento concluye que, en términos generales, los líderes empresariales “consideran que tanto los militares, las Farc, los funcionarios públicos, así como ellos mismos, deben hacer parte de un proceso de justicia transicional”.

Finalmente y en cuanto a los acuerdos finales que se consigan en Cuba, los consultados se mostraron dispuestos a aceptarlos sin necesidad de pasarlos por un trámite de refrendación (62 por ciento). Y si se realizara un referendo como mecanismo para aceptar o denegar tales consensos entre el Gobierno y las Farc, tan solo el 24 por ciento votaría en contra de la aprobación de los mismos, el 29 por ciento no acudiría a las urnas y el 47 por ciento lo haría para votar de manera afirmativa.

“Aporte de empresarios en reinserción es bajo”

El exsecretario de convivencia y seguridad de Bogotá Hugo Acero analiza desde varias perspectivas las razones por las cuales los empresarios de la ciudad creen que la construcción de paz en Colombia se tardará entre 2 y 10 años.

“Hay que tener en cuenta varias consideraciones. Definitivamente, la firma de acuerdos es simplemente el inicio, los diálogos no son la paz. Lo que va a durar más tiempo es el proceso de reconciliación y la reinserción de excombatientes que han estado 20 o 30 años en estos grupos. No será fácil para ellos volver a la sociedad”, señala Acero.

Vale indicar que los líderes empresariales piden cárcel para miembros del secretariado y comandantes de las Farc (63 y 61 por ciento), mientras que el 27 por ciento lo reclama para combatientes rasos.

En cuanto a seguridad y la forma en que las Farc se financian, a través de negocios ilegales como minería ilegal y narcotráfico, el experto estima que los empresarios creen que algunas facciones del grupo armado ilegal se quedarán en dichos ilícitos. “Aun si todos se desmovilizaran, otros grupos van a querer manejar esos negocios y esto generará oleadas de violencia posteriores que nos impedirán percibir la paz de forma inmediata”.

Al respecto, indica que el Estado tendrá que hacer esfuerzos para evitar que el control de esas manifestaciones delincuenciales se tarde más que lo que se demoró controlar a la guerrilla.

Sobre la baja porción de empresarios que tiene proyectos de construcción de paz (9 por ciento) y en contraste el 80 por ciento que dice que sí participará en el proceso de integración de desmovilizados a la vida civil, Acero se mostró crítico. “Está demostrado con los acuerdos que se firmaron con las autodefensas que la participación de los empresarios no fue grande. Los que realmente están dispuestos a arriesgar parte de su capital en darles opciones de reinserción a los desmovilizados es baja. Una cosa son las palabras y otra son los hechos”.

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