Se complica la realización de la Consulta Taurina en Bogotá

La Corte Constitucional anuló una sentencia de la misma corporación que autorizaba el proceso para preguntarles a los bogotanos si querían que continuaran las corridas en la capital. El futuro de la fiesta brava queda en manos del Congreso.

Cuando los promotores de la consulta antitaurina en Bogotá pensaban que habían capoteado casi todos los obstáculos y sólo les faltaba conocer quién debía financiar el proceso para ir a las urnas, recibieron una estocada mortal: la Corte Constitucional anuló la sentencia que daba luz verde a la consulta, al avalar la ponencia del magistrado Carlos Bernal, quien reitera que es el Congreso, y no las autoridades locales, el competente para definir el futuro de la fiesta brava. Como era de esperarse, la decisión generó reacciones encontradas.

Felipe Negret, presidente de la Corporación Taurina de Bogotá, celebró la decisión y la calificó como un triunfo de la libertad. “Con este fallo se le dice no a la xenofobia cultural y se preserva el orden jurídico. Triunfa el Estado derecho y no el de opinión. Es una derrota para el exalcalde Gustavo Petro, por su arbitrariedad y por su irrespeto. Me satisface que él reciba en estos momentos una sentencia de ocho magistrados de la Sala Plena que tumban esa consulta popular.

Y agregó: “Las consultas no pueden ser para oprimir minorías. Han sido cinco años acudiendo a las instancias judiciales y ahora se le pone freno a esa arbitrariedad. Qué bueno para este país, que reclama y merece la paz, que se respeten los fallos. Es el mejor acto de paz y demostración de convivencia”.

Natalia Parra, directora de la Plataforma Alto y promotora de la consulta antitaurina, tiene su interpretación. Dice que la decisión de la Corte demuestra que la democracia participativa en el país sólo está en el papel y no aplica cuando toca los intereses de los poderosos. “El voto de los ciudadanos sólo sirve cuando es por otro. Pero cuando somos los ciudadanos los que promovemos procesos como el de la consulta antitaurina, nos damos cuenta de que nuestro voto no sirve.  Esta decisión es una afrenta a la democracia participativa y demuestra cómo evitan que la ciudadanía se pronuncie cuando el tema no les conviene a los poderosos. ¿Por qué para la consulta liberal sí hubo plata y su organización fue expedita, pero en nuestro caso hubo tantas trabas? Eso lo único que demuestra es que las normas de participación no funcionan”.

En medio de este debate quedó la administración. Aunque la consulta antitaurina la impulsó el exalcalde Gustavo Petro, fue en esta administración que estuvieron a punto de convocar a las urnas. El alcalde Enrique Peñalosa no sólo apoyó el proceso, sino que respaldó el proyecto de ley que presentó el Ministerio del Interior. No obstante, todo quedó en veremos, cuando la Registraduría planteó que eran las alcaldías las que debían financiar las consultas populares. “Sin conocer el texto de la decisión de la Corte, la posición del Distrito es la de acatar la decisión. No obstante, queremos indicar que es bien conocida la posición del alcalde Enrique Peñalosa frente a este proceso e hicimos todo lo posible por llevarla a cabo. Adelantamos todas las diligencias necesarias para darle cumplimiento al fallo que ordenaba la consulta”, dijo Miguel Uribe, secretario de Gobierno de Bogotá.

Agregó que el proceso estaba estancado debido a la discusión con la Registraduría sobre quién debía asumir el costo de la consulta. “Nosotros la convocamos y la tuvimos que suspender. La Registraduría insiste en que los municipios deben asumir las consultas, pero no hay un antecedente que señale que son los entes territoriales los que deben financiar los mecanismos de participación ciudadana. Hemos demostrado que tenemos la voluntad, pero esto cambia los planes. Se nos sale de las manos y no nos queda otra opción que acatar el fallo”.

Vale recordar que la misma Corte Constitucional, a través de la sentencia T-041 de 2017, estableció que en Colombia no pueden maltratase animales, así sea un espectáculo cultural. Además, declaró inexequible un artículo de la Ley 1774, que establecía una excepción a la tauromaquia. En su fallo le dio dos años al Congreso para legislar en la materia y, de no hacerlo, la ley contra el maltrato animal se aplicaría también a la brava. Actualmente cursa en la Cámara de Representantes un proyecto de ley promovido por el Ministerio de Interior, con el que se busca prohibir las corridas de toros.

Es en ese proyecto que los animalistas tienen sus esperanzas puestas, por lo que les hicieron un llamado a la Cámara de Representantes y al Senado para que le den trámite al proyecto que busca acabar los espectáculos donde se promueve el maltrato animal.

Por el lado de los taurinos también hay un llamado al Congreso, pero a su favor: “los congresistas tienen ahora una responsabilidad grande. Esperamos que allá también tengan en cuenta que la afición a los toros somos una minoría. Esperamos que no terminen tomando una decisión equivocada que genere un éxodo cultural de los miles de aficionados a la tauromaquia en el país”, dijo Negret.

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