Así se ve la nueva Unidad Permanente de Justicia (UPJ) en Bogotá
Borrón y cuenta nueva. Esa parece ser la meta de la Secretaría de Seguridad con la desprestigiada Unidad Permanente de Justicia (UPJ).
La idea es borrar la mala imagen que ha dejado el largo historial de denuncias por posible abuso policial. El cambio será tal, que hasta tiene nuevo nombre: Centros de Traslado por Protección (CTP).
Y es que al hablar de la UPJ, pocos tienen una buena imagen. No sólo por el hacinamiento y las pésimas condiciones en las que estaban sus instalaciones, sino por haber sido epicentro de supuestos maltratos (al desnudar a los detenidos para requisarlos) y de casos que rayan en lo penal, como el de dos militantes del movimiento Marcha Patriótica que denunciaron torturas.
Por eso, para cambiar el concepto negativo, el Distrito mejoró la infraestructura y los equipos, adecuando un sitio especial para aislar a personas que puedan poner en riesgo su vida o la de otros; mejorando el sistema de cámaras, para que funcionen 24 horas, y habilitando los detectores de metales, para no tener que desnudar a los detenidos para requisarlos. Gracias a los cambios, por primera vez, la Secretaría de Salud emitió concepto favorable sobre las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones.
Todo servirá para cumplir el nuevo Código de Policía (que regirá desde el próximo lunes) y que cambia la retención transitoria por una medida de protección, aplicable a implicados en riña, que estén en peligro de ser agredidos o borrachos, “escenarios que pueden llegar a perturbar la convivencia”, dijo Daniel Mejía, secretario de Seguridad. Las estadísticas dicen que la Policía lleva diariamente a 216 personas al lugar, de las cuales 80 no ingresan gracias a la intervención de la Personería.
Pero los cambios no sólo serán en la infraestructura, sino también en el servicio, pues se tendrá una oficina de atención al ciudadano para dar información oportuna a los familiares de los detenidos, sobre su hora de ingreso, el motivo y lugar de los hechos; tendrán personal para dictar talleres de cultura ciudadana, así como a un inspector de policía que brindará servicios de mediación y resolución de conflictos.
Para tener reglas de juego más claras, la Secretaría de Seguridad y la Personería fijaron los nuevos protocolos que debe seguir la Policía a la hora de conducir a alguien y capacitaron a 45 uniformados en derechos humanos. “Esto representa seguridad para los funcionarios y para la ciudadanía, pero especialmente para que se respeten los derechos de los trasladados”, dijo Teresa Castañeda, personera distrital.
Para garantizar que el buen trato se cumpla, agregó el secretario de Seguridad, se crearon dos centros de monitoreo –uno manejado por la Policía y otro por la Secretaría– para vigilar a los retenidos. Ahora, el Centro contará con capacidad para atender hasta 400 personas.
Los anunciados cambios son bien vistos por el concejal liberal Germán García, quien el año pasado denunció con videos los duros tratos a los que eran sometidas las personas conducidas por la Policía a ese lugar, quienes además de ser insultadas, eran obligadas a desnudarse.
“Se nota que hubo una inversión considerable para adecuar celdas, luces, cámaras y detectores de metales. Pero lo fundamental es el cambio en la ruta de atención, porque queda claro que además de la Policía y la Personería, se vincularán secretarías como Integración Social y Salud”,manifiesta García, y agrega: “Lo importante es que la gente conozca sus derechos. Los que están allá no necesariamente son delincuentes, y el Distrito debe garantizarles un trato digno durante las detenciones transitorias”.
Los cambios están en marcha, sólo resta que las denuncias que mancharon la imagen de la vieja UPJ se resuelvan y que los casos no se repitan en los nuevos Centros de Traslado por Protección (CTP).