Desde este miércoles se conocerá resolución sobre los avalúos de autos
La decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional la pólemica tabla de avalúos paraliza, de momento en la práctica, el pago del impuesto de vehículos en el país, porque los contribuyentes no tienen un parámetro para liquidar el gravamen.
Pero además porque el alto tribunal de lo contencioso señaló que “si no hay base gravable fijada, no podrá cobrarse el impuesto por las entidades territoriales que perciben la renta de ese impuesto”.
La suspendida tabla, diseñada por la firma Datasoft Ingeniería Ltda., contemplaba elevados aumentos para algunos vehículos usados, y otros no están o no permite liquidar el impuesto para ciertas marcas y modelos, de acuerdo con la Procuraduría, que la semana pasada había anunciado que iba a acompañar la demanda.
Al quedar suspendidos los avalúos, lo primero que se afecta es la compra y venta de carros usados o traspasos (se estima que al día se transan 3.500 negocios de usados en el país), porque, de acuerdo con lo ordenado por el Consejo de Estado, para liquidar el impuesto los ciudadanos deben esperar hasta que el Ministerio de Transporte publique una nueva resolución.
Tampoco se puede pagar con base en la tabla de avalúos del 2015, asegura el alto tribunal, porque esa resolución ya no está vigente.
La noche del martes, el Ministerio del Transporte anunció que “acata” la decisión del alto tribunal y que a partir de este miércoles los ciudadanos pueden consultar en su página web el “proyecto” de la nueva disposición.
“En esta resolución se incorporan y quedan recogidas las observaciones de la Procuraduría General, los gremios del sector automotor, las gobernaciones y las secretarías de Hacienda departamentales y del Distrito Capital (Bogotá)”, señaló en el Ministerio en un comunicado.
El presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, aseguró el martes que con la suspensión de la polémica tabla de avalúos el Ministerio debe emitir una nueva resolución en la que explique y justifique las razones de los aumentos en los avalúos y los impuestos para la industria automotriz.
“En materia de impuestos, es todavía más necesario que el Estado (…) explique de forma convincente las razones y los mecanismos de cobro de las exacciones que deben pagar los contribuyentes en cumplimiento de sus deberes constitucionales de apoyo financiero al Estado”, señala el auto, cuyo ponente fue el magistrado Hugo Bastidas.
En su decisión, los consejeros cuestionaron que el Ministerio no “socializó la resolución con anterioridad a su expedición”, lo que les quitó a los usuarios la posibilidad de oponerse.
El Consejo de Estado también criticó que la resolución mediante la cual se adoptó la polémica tabla de avalúos omitió explicar las razones que sustentan el incremento de los precios de los vehículos, y, por tanto, de los impuestos.
El alto tribunal señala que la resolución –demandada por la Asociación de Usuarios de Vehículos Particulares y la Procuraduría– se limitó a indicar que para crear la nueva tabla se contrató la consultoría de Datasoft, pero sin “decirle a la comunidad por qué razones habría que redefinir el cálculo de la base gravable”.
“A la Sala Unitaria no le cabe duda de que sería más gravoso para el interés público y para los propios derechos de los contribuyentes permitir el cobro del impuesto de vehículos 2016 sobre una base gravable cuya fijación está siendo cuestionada, pues la falta de motivación y explicación de que adolece la resolución 5358 genera la sensación de que se ha improvisado, al punto de que se estaría fijando un avalúo comercial para efectos tributarios quizá superior al mismo avalúo comercial que determinan las leyes de oferta y demanda en el mercado automotor”, dice el auto del tribunal de lo contencioso.
Por lo expuesto por el Consejo de Estado en su decisión, la nueva medida del Ministerio debe ser lo suficientemente sustentada y publicitada para no incurrir en los mismos errores.
El auto del alto tribunal no se refiere a los casos en los que ya fue pagado el impuesto, pero el magistrado Rojas dijo que “los ciudadanos deberán hacer las reclamaciones ante el Ministerio de Transporte”, o las secretarías de Hacienda respectivas. Según lo había señalado el Ministerio, 5,5 millones de vehículos debía pagar el impuesto, y de ese número el 62 por ciento no tenía incrementos.
Eltiempo.com