Consejo de Estado asegura que Minsalud puede revisar el contenido de los empaques de cigarrillos
El alto tribunal rechazó la demanda presentada por una sociedad productora de tabaco.
La Sección Primera del Consejo de Estado indicó que el Ministerio de Salud y Protección Social, como autoridad sanitaria a cargo de la política pública del sector salud, tiene competencia para revisar los empaques y las etiquetas de las cajas de cigarrillos.
El alto tribunal resolvió una demanda presentada por una sociedad productora de tabaco en contra de tres comunicaciones del Ministerio de Salud que prohibieron la inclusión de lemas en las cajetillas de cigarrillos.
Según el demandante, el Ministerio no tiene competencia para controlar la información contenida en la totalidad del empaque de cigarrillos, puesto que la Ley solo habla de controlar las frases de advertencia y pictogramas que ocupan el 30 % del empaque.
Son embargo, el alto tribunal señaló que sería ilógico que el Ministerio no hiciera un estudio previo del etiquetado y empaque de los cigarrillos y se limitara a revisar las advertencias y pictogramas, permitiendo que salgan al mercado con mensajes ambiguos o no armónicos.
“Considera la Sala que los empaques y etiquetas de tabaco y sus derivados no deben ser ambiguos, por ello, como lo dispone la ley, antes de que se produzcan y comercialicen los productos, las empresas deben enviar al Ministerio de Salud una simulación de estos para un control previo, precisamente para prevenir que existan elementos publicitarios que alienten y estimulen su consumo”, indica la sentencia.
La Sala explica que estas medidas no impiden que una compañía tabacalera fabrique un nuevo producto o cree nuevas presentaciones del mismo, pero lo que no es permitido es su publicidad y promoción.
“Las medidas cuestionadas protegen un derecho de rango superior a la libertad económica y la iniciativa privada, como son, proteger el interés público, la vida, la integridad física y los principios relativos a la salud y representa para el sistema de salud una reducción en los costos en que incurre por el daño producido por el tabaco y sus derivados; además la propiedad y la actividad empresarial tienen una función social que implica obligaciones”, puntualiza la sentencia.
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