Bogotá se quedaría sin metro elevado
La reducción en el precio de referencia para calcular la sobretasa a la gasolina no sólo afecta las cuentas de la obra férrea de la capital, sino otros proyectos de infraestructura del país. Alcaldes piden al Ministerio de Minas revocar la decisión.
Una resolución del Ministerio de Minas, firmada el 30 de diciembre y que es un coletazo de la reforma tributaria, pone a tambalear el metro elevado de Bogotá. Se trata de una reducción en el precio base para calcular la sobretasa a la gasolina, impuesto que reciben los municipios para financiar obras de infraestructura. En el caso de la capital, la idea era comprometerlas para completar los $4,2 billones que debe poner el Distrito para financiar la construcción del proyecto férreo.
El golpe es grande si se tiene en cuenta que hasta el año pasado la sobretasa (25 %) para la gasolina corriente se calculaba sobre un precio base de $5.078. Ahora, gracias a la resolución, se calculará sobre un precio de $3.663. En plata blanca, esta reducción implicará que los municipios dejarán de recibir alrededor de $500.000 millones al año, dinero que por norma se debe destinar al mantenimiento de la malla vial, la construcción de nuevas vías y la financiación de sistemas de transporte masivo.
El Ministerio de Minas justificó la medida que empezó a regir el 1 de enero de este año en tres artículos de la reforma tributaria que, al reformar la venta de hidrocarburos, también modificaron la estructura del cobro de la sobretasa. Son los artículos 181, 182 y 183 de la norma, con los que fue actualizado el Estatuto Tributario.
Sólo en el caso de Bogotá, la reducción será cercana al 30 %. Es decir, por cada galón el Distrito ya no recibirá $1.270, sino $915. Y esos $355 menos, en una ciudad con casi 2,6 millones de vehículos y que consumen casi 400 millones de galones de gasolina al año, son un hueco enorme. Según el presupuesto aprobado para 2017, la administración esperaba recibir $400.000 millones. Ahora debe restar $120.000 millones.
La decisión es de impacto nacional. Tanto, que los alcaldes de las principales ciudades del país, entre ellas Medellín, Cartagena, Neiva, Quibdó, Florencia, Valledupar y Villavicencio, se reunieron ayer con el alcalde Enrique Peñalosa y al final de la tarde, en pronunciamiento conjunto, expresaron su preocupación por los impactos de la medida en sus finanzas y la afectación a proyectos claves para el desarrollo de las regiones.
El alcalde Peñalosa aseguró que esta resolución perjudica a todos los colombianos. “La malla vial de todos los departamentos está gravemente desfinanciada y esta resolución le quita más recursos”. Dentro de las obras que se financian con este impuesto están la ampliación de vías en Villavicencio, la mejora de la malla vial de Cartagena, la implementación del sistema MIO de Cali y la deuda del metro de Medellín.
El mandatario agregó que el coletazo de esta decisión no sólo afectará la cartera de movilidad, sino también otros programas de educación, salud y protección a poblaciones vulnerables, pues como, por lo general, la sobretasa son recursos comprometidos, se tendrá que sacar el dinero de estos proyectos para suplir el hueco financiero. “En el caso de Bogotá, le quita $120.000 millones al año, es decir, $1,4 billones en 10 años, indispensables para financiar el metro y el mantenimiento de malla vial”, añadió el burgomaestre.
Por eso hicieron una petición al Gobierno Nacional y al Ministerio de Minas: revocar la resolución. En la noche, los mandatarios solicitaron una reunión extraordinaria con Germán Arce, ministro de Minas y Energía, y Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, para establecer posibles soluciones a lo que ellos consideran “un zarpazo al desarrollo del país”.
Efectos sobre el metro
Según las cuentas de la administración, de los $4,2 billones que debe poner el Distrito para la construcción del metro, $2,7 billones correspondían al 50 % de la sobretasa a la gasolina recaudada entre 2017 y 2036. Ahora la caja se descuadra y la administración tendrá que buscar soluciones creativas para cumplir la palabra de construir el metro.
La resolución no sólo embolata la plata que tiene que poner el Distrito para la primera línea del sistema. Los recursos que desembolsaría la Nación ($9,6 billones, el 70 % del costo total) también quedan en la cuerda floja, pues un requisito para que se haga ese giro es que el dinero del Distrito esté asegurado. Es decir, hasta que no se defina de dónde saldrá la plata que pone la ciudad, la Nación no manda un peso.
Hasta ayer, el camino se veía derecho. El pasado 20 de enero, el consorcio conformado por Ingetec y la firma francesa Systra fue el mejor calificado en el concurso para adjudicar los estudios de factibilidad del metro, con los que se debe estructurar el proyecto en términos técnicos, jurídicos y financieros.
Lo previsible es que el consorcio se quede con el contrato para adelantar los diseños, los mismos que le podría presentar al Concejo para que le aprobaran las vigencias futuras del metro. Y con las vigencias futuras y los diseños de factibilidad listos, la administración calculaba que a finales de este año ya tendría los requisitos para firmar el anhelado Conpes con el que se aseguraría la plata de la nación. Pero hoy, con las vigencias reducidas, el camino de acción del Distrito ya no es claro.
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