¡Atención usuarios! ojo con este cambio en TransMilenio
Tras la clonación de tarjetas de Transmilenio, la idea es cambiarlas. Sin embargo, pese a que el contrato dice que lo debe asumir el operador, el Distrito analiza cómo hacer el cambio “al menor costo para el usuario”.
La seguridad de las tarjetas de Transmilenio (TM) es vulnerable. Aunque la advertencia estaba desde 2013, la Fiscalía lo ratificó hace un mescuando capturó a siete personas por defraudar el sistema al clonar y recargar tarjetas de forma ilegal. Para acabar con el riesgo, la solución planteada es reemplazar las tarjetas viejas (rojas y azules). Pero, ¿quién asumiría el costo?
Aunque el contrato firmado con Recaudo Bogotá señala que “la responsabilidad que se derive por fraude en el uso del sistema de recaudo lo asume el concesionario”, las directivas de TM, al parecer, estudian alternativas para que los usuarios asuman esos costos. Sin embargo, desde la empresa señalan que eso aún no se ha definido.
La alerta la encenderá esta tarde la concejal María Victoria Vargas (liberal), quien citó a un debate de control político en el Concejo para tratar el lío de la seguridad del sistema de recaudo y, de paso, reiterar las supuestas irregularidades que se presentaron desde la firma del contrato con el actual concesionario, que serían la causa de la vulnerabilidad del sistema.
Que sean los usuarios los que paguen el reemplazo de las tarjetas lo deduce ella de un derecho de petición que le respondió la gerente de TM, Alexandra Rojas. En el documento, al preguntarle quién debe pagar la sustitución de las tarjetas Cliente Frecuente (roja) y Capital (azul), indicó: “Transmilenio S. A. analiza alternativas junto al concesionario Recaudo Bogotá S. A. S., para que pueda realizarse al menor costo e impacto para el usuario”. Esto es inaceptable para la concejal porque, dice, los errores no se les deben cargar a los ciudadanos.
La advertencia de los problemas en el recaudo no es nueva. Desde 2014, ella advirtió posibles irregularidades en la adjudicación de la concesión. Según Vargas, se cambiaron algunas condiciones del contrato, que terminaron por afectar la seguridad del sistema. Por ejemplo, una condición inicial era que el recaudador de la Fase III debía integrarse al sistema que ya existía en Transmilenio, pero luego se le permitió sustituir el sistema existente para adaptarlo a su tecnología. Según los asesores de la concejal, fue esta situación la que vulneró la seguridad.
Y hay una preocupación adicional: más allá de que clonen las tarjetas, Transmilenio no tiene forma de saber cuánto le roban mensualmente por clonación o recargas ilegales. Esto también quedó en evidencia en la respuesta al mismo derecho de petición, en el que se le preguntó a TM sobre la defraudación que descubrió la Fiscalía.
Aunque el ente acusador habló inicialmente de un desfalco cercano a los $27.000 millones, la suma es muy inferior. Según la gerente de Transmilenio, “a la fecha no existe un valor específico. No obstante, el juez determinó que la defraudación fue de $175 millones, derivados de los saldos que tenían las tarjetas que se incautaron en los allanamientos”.
Frente a este debate, voceros de Recaudo Bogotá señalaron que la vulnerabilidad de las tarjetas de Angelcom se conoce desde 2008, cuando el propio fabricante alertó del riesgo, algo que su empresa ha denunciado en múltiples ocasiones. Y frente al reemplazo de las tarjetas para evitar defraudaciones, indicaron: “Estamos atentos para apoyar las decisiones que al respecto adopte el ente gestor”.
En medio de este panorama, elevar los niveles de seguridad no es fácil ni barato. Según TM, hacerlo implica cambiar nueve millones de tarjetas (Tullave, Cliente Frecuente y Capital), cambiar el software de validación, reemplazar los módulos de seguridad en los puntos de venta y recarga, y actualizar la seguridad de los servidores centrales, para lo que no hay recursos.
La vulnerabilidad del sistema de recaudo está en evidencia. Ahora lo que toca es estudiar las soluciones. El asunto, que es clave para la ciudad, se debatirá esta tarde en el Concejo, donde la posición de la concejal citante es clara: sea cual sea la solución, que no se les cargue a los ciudadanos el costo de los errores de la administración.
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