Estar reportado en una central de riesgo crediticio hace parte de los dolores de cabeza con los que viven algunos colombianos.

El motivo para estar en esa lista no siempre son sumas enormes de dinero. A veces, cifras de $10.000 o de $100.000 pueden afectar su vida crediticia. Estar reportado en uno de esos ‘listados negros’ puede extenderse hasta por cuatro años e implica un bajo puntaje en la calificación, que se refleja en altos intereses para acceder a un crédito de vivienda o de educación.

Por esa razón, un proyecto de ley en el Congreso busca que esos reportes negativos se mantengan máximo dos años y la persona sea eliminada cuando su deuda sea menor al 20 por ciento del salario mínimo.

Esta iniciativa también plantea que dicho reporte en las centrales de riesgo, como Datacrédito o Cifin, permanezca hasta por cinco años cuando no se ha pagado la deuda.

“Así cómo están las cosas se les cierran las puertas del sistema financiero a las personas. La propuesta incluye que quien tenga deudas menores no sea castigado sino que salga del reporte una vez esté al día con sus deudas”, explica el representante a la Cámara y coautor del proyecto, David Barguil.

¿Qué significa estar en una central de riesgo?
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Las centrales de riesgo diseñan perfiles crediticios de las personas que luego son insumos para los modelos de crédito que se les otorgan. Para generar esta ‘identidad’ las centrales definen unos puntajes.

La página web de Asobancaria indica que un perfil entre 600 y 750 puntos representa un riesgo medio, mientras uno de 750 es de bajo riesgo. Sin embargo, si “su historial de crédito no ha sido el mejor, esto se verá reflejado en los (puntajes) de crédito”.

Si bien no existe una cifra del universo de personas que se encuentran reportadas de manera negativa en las centrales de riesgo, si se conocen los ritmos de crecimiento de los créditos a los que acceden a las personas.

En este sentido, el proyecto de ley 94 de 2016, que modifica la ley 1266 de 2008, busca mejorar la relación de las personas con los bancos e incentivar la bancarización en el país.

En palabras del representante Barguil “no se trata solo de recuperar la confianza en las entidades bancarias, sino también que las personas permanezcan con los bancos y no se los obligue a tomar créditos informales como el gota a gota”.

La firma Experian, de la que Datacrédito hace parte como una unidad de negocio, estableció que el año pasado el año el 92,7% de personas a las que se les otorgó créditos ya contaban con una vida crediticia, mientras que quienes lo hicieron por primera vez alcanzaron el 7,3%.

Esta cifra de nuevos consumidores de servicios bancarios hace parte de las 362.670 personas nuevas en el sistema, según indicó el Informe Nacional de Competitividad 2014-2015. En total el índice de bancarización alcanzó el 71,5% de la población.

Mayor seguridad para el consumidor

Si bien el proyecto de ley aún está en su primer debate, el senador Luis Fernando Velasco, coautor de la iniciativa, indica que ya hay presiones para este no avance e indica que ha habido una demora por parte del senador ponente.

“Ponemos en consonancia la ley con el fallo de la corte constitucional en el que se indica que el reporte negativo no puede durar más de 2 años. Es injusto que una persona por $20.000 sea reportada negativamente un año”, indica Velasco, quien precisa que la iniciativa contempla agilizar proceso en casos de suplantación de identidad.

Según el proyecto de ley, las personas víctimas de este hecho deberán interponer una solicitud ante la central de riesgo para que modifique la calificación negativa e indique que esa persona no fue “quien adquirió las obligaciones, y se incluirá una leyenda dentro del registro personal que diga “Victima de falsedad Personal”.

Sin embargo, una de las críticas al proyecto ha sido que este fomenta la cultura de no pago debido a que no existiría una presión para pagar una deuda menor. Pero para la experta en crédito y profesora de la Universidad de la Sabana, María Teresa Macías este argumento no es preciso.

“El miedo al incumplimiento disminuye porque el dato negativo de una deuda inferior al 20% se suprime de inmediato, pero solamente una vez se pague. En cambio, mientras la persona esté en mora, la información se le suprime 5 años después de haber presentado el incumplimiento”, indica Macías y agrega que ese periodo de tiempo es “prudente para que las personas estabilicen o cambien su perfil de riesgo”.

David Arango
davara@eltiempo.com
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